Mas allá de todas las ideologías políticas, Raúl Alfonsín fue un antes y un después en la historia de la democracia argentina. Alfonsín se hizo cargo de un país hecho trizas heredado después de 7 años de gobierno militar, con la economía degradada, aberrantes violaciones a los Derechos Humanos, 30000 personas desaparecidas; le puso el pecho a esa actualidad que estaba arruinada como el futuro de todos los argentinos exiliados en varios países. No estoy de acuerdo de lo que se dice “el padre de la democracia”, ya que la democracia la exigió el pueblo con sus manifestaciones cansados de ser ultrajados y de ver como la Argentina se venia de pique. La guerra de Malvinas, fue el principio del fin del gobierno dictatorial que había tomado el poder por la fuerza en 1976. Las consecuencias estaban a la luz, 30000 personas detenidas-desaparecidas, miles de muertos, cientos de exiliados y desterrados, represión, tortura. Alfonsín, del mismo modo que Ítalo Luder entre otros, se presentaron a elecciones para hacerse cargo de un país que prácticamente debía nacer de nuevo. Alfonsín en materia de los Derechos Humanos hizo mucho. Pero tenemos que remontarnos a su participación en la formación de la APDH (Asociación Permanente por los Derechos Humanos) en ‘75, organismo de DD.HH que apoyo a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus familiares. Más tarde participó de la multitudinaria marcha convocada en 1982 cuando Galtieri cede el poder a Bignone. Gana las elecciones convocadas por el gobierno militar el 10 de diciembre de 1983. Durante los años siguientes fue una sucesión de hechos que hicieron historia y dieron impulso a una nueva forma de vida democrática. El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos

humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín, acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.
En vez de ello, Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica (con sentido negativo): “La casa está en orden, felices Pascuas”. Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad, y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.
Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.
Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:
Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.
De modo que aunque Alfonsín no sea el padre de la democracia, queda a juicio de Dios su forma de gobernar y vivir como lo que fue: el líder democrático más noble de nuestra corta vida democrática (1983-2009).